La creación de un nuevo Instituto Nacional Anticorrupción, así como la firma de una ley que asigne a fiscales que persigan a funcionarios deshonestos por oficio no garantiza que el problema de corrupción en el país sea resuelto.

De hecho, de acuerdo con el analista político Jesús Silva-Herzog Márquez, esto tampoco mitigará la percepción de impunidad que la población tiene de la administración pública en México.

Es por eso que a inicios del 2016 organizaciones e instituciones se sumaron a la constitución de una Ley Anticorrupción, mediante una iniciativa denominada ‘Ley 3de3’, en la se establecía que todos los servidores públicos del país publicaran su declaración patrimonial, declaración de impuestos y de conflictos de interés.

Dicha iniciativa no prosperó en el Congreso de la Unión.

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“No pasó la medida, y 640 mil ciudadanos nos quedamos con un sentido de frustración. Es algo que tenía tanto apoyo por primera vez desde el corazón de nuestro país”, dijo Alejandro Poiré, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y exsecretario de Gobernación.

Sin embargo, la no aprobación de la iniciativa ciudadana al 100% por parte del Senado y de la Cámara de Diputados, y su eventual votación con una versión distinta al espíritu de esa ley, no puede considerarse una derrota ciudadana.

“A mí me parece que tener la lectura de que no prosperó la iniciativa ciudadana es un tanto simplista. Lo es porque buena parte de esa iniciativa ha recibido la aceptación del Senado de la República”, explicó Jesús Silva-Herzog Márquez, en entrevista con Tec Review.

La noche del 16 de junio se votaron en la Cámara de Diputados tres de las cinco leyes que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción: La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley General del Sistema Nacional  Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3de3.

Los diputados aprobaron en lo general la propuesta del Senado sobre la Ley 3de3, con 338 votos a favor y 110 en contra, luego de la presentación de dos reservas, las cuales fueron desechadas.

Canal del Congreso
Canal del Congreso

De esta forma, quedaron establecidos los principios y obligaciones que regirán la actuación de los servidores públicos, así como las faltas administrativas graves y no graves, sanciones aplicables y los procesos para su aplicación.

No obstante, la nueva ley no hace obligatorio que los funcionarios hagan públicos los detalles de sus cuentas, valores de propiedades y especificación de inmuebles con los que cuentan.

“En ese caso yo creo que no debe leerse esto como el fracaso de una iniciativa ciudadana”, afirmó Silva-Herzog.

“En el entendimiento de un régimen democrático intervienen muchas voces y muchos participantes, no solamente los agentes de ese interés en común. Creo que el gran problema es que se promovió esa iniciativa con un lema, con una fórmula un tanto reduccionista”, agregó.

Las autoridades facultadas para aplicar dicha Ley serán las secretarías, los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y las autoridades de fiscalización.

A pesar de estas asignaciones, no está garantizado el cumplimiento de dichas obligaciones, por lo que más que la promulgación de normas y encargados de cumplirlas se necesitan ‘protagonistas de la lucha anticorrupción’:

“En ese sentido, creo yo incluso que resulta más importante lo que hagan los medios de comunicación, que lo que hagan los integrantes del servicio público para luchar contra la corrupción.

“En la medida en que la ciudadanía tenga espacios autónomos, críticos, profesionales que exhiban la conducta de los funcionarios públicos, contaremos nosotros con mecanismos para que la democracia rinda mejores cuentas”, detalló Silva-Herzog.

Cabe recordar que la constitución de esta iniciativa de ley surgió a partir de escándalos como el de la “Casa Blanca” y Grupo Higa, en los que se vinculó a la Presidencia de la República con prácticas de corrupción y conflictos de interés.

“No es la primera vez que nos pasa eso, sin embargo, sigue siendo una historia triste”, dijo Alejandro Poiré ante emprendedores sociales, al recordar que la iniciativa original de la Ley 3de3 estaba respaldada por 640 mil firmas de ciudadanos mexicanos.

La interpretación de estas leyes y en general, la dirección que tome el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción podrá visualizarse en las próximas semanas, al integrarse la nueva fiscalía.

Los fiscales que apliquen el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción de México serán seleccionados por el mismo Senado de la República.

“Aún las instituciones mejor diseñadas, pueden llegar a ser ocupadas por funcionarios que no cumplen con sus tareas, y aún las instituciones peor diseñadas pueden tener personajes y agentes del interés público que no cumplen con sus tareas”, detalló el también investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec.

“El camino por delante, todavía es largo”, concluyó el politólogo.

 

 

 

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