Investigación de Edwin Solano, Carlos Gutiérrez Bracho, Carlos Fernández de Lara y Francisco Iglesias

La legislación mexicana permite, desde mayo de 2009, consumir y portar hasta cinco gramos de marihuana, siempre y cuando sea personal y no se use en espacios educativos, asistenciales, policiales y de reclusión. Prohíbe portar más de la cantidad señalada, así como la siembra y la comercialización de la planta y sus derivados. Eso es un delito penal.

Este 2016 se vive un debate ineludible: la posible regularización del uso y consumo de la cannabis. Algunos piensan que despenalizar y permitir estas prácticas aumentaría los índices de consumo, así como los riesgos y daños en la salud pública. Para otros, la prohibición de su siembra, cultivo y consumo obstaculiza una serie de derechos fundamentales.

¿Qué pasa con la prevención?

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La marihuana es la droga ilegal más consumida en México. Los Centros de Integración Juvenil informan que 45.4 % de las personas que acuden a ellos para recibir tratamiento consume cannabis.

Por otro lado, 14 % de los jóvenes dice que fue en la escuela donde probó algún tipo de droga ilegal, reporta la Encuesta Nacional de Juventud 2010, mientras que 7.7 % reconoció que en este espacio, o en lugares cercanos, vio que se comercializa con este tipo de sustancias. Para la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) las acciones de prevención que se han realizado en escuelas y centros de salud han ayudado a evitar que se consuman drogas, aunque, admite, se deben incrementar las opciones y programas de prevención fuera del ámbito escolar.

Vicente Fernández Fernández, vicepresidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, dice que “los programas de prevención de drogas no han demostrado ser tan efectivos” y no existen políticas públicas encaminadas específicamente al tema de marihuana, sino que la ponen al mismo nivel que todas las drogas. En el diseño de los programas de prevención, desde su punto de vista, se deben distinguir las sustancias, ya que unas son más adictivas que otras.

Por su parte, Eduardo Hernández, presidente de la Clínica del Tabaco, sociedad civil que trabaja en beneficio de la salud pública, comenta que cuando se habla de modificar la Ley de General de Salud hay que usar los términos adecuados. Explica que se debe considerar que la Cannabis sativa y la Cannabis indica son las variedades más consumidas en América y hay que distinguir entre las características de cada una: “la sativa contiene mayor tetrahidrocannabinol, que es el compuesto psicoactivo que intoxica, a diferencia de la indica que posee más cannabinoides”.

Apoyado en estudios del National Institute on Drug Abuse (Naida), advierte que la cannabis no es inocua y que sus daños no son leves. “Los resultados de las investigaciones del Naida han determinado que el consumo de marihuana es dañino en muchos sentidos; el más importante es que adelgaza la corteza prefrontal. Los usuarios que tienen un consumo regular de marihuana pierden entre ocho y 12 puntos de su coeficiente intelectual”. Y este es un daño que, asegura, todavía no sabemos si es reversible. En este sentido, manifiesta que su organización no puede estar a favor de la legalización de una sustancia adictiva que se utiliza para intoxicarse.

Posibles riesgos

La currícula de drogas del sistema público de prevención es “poco adecuada a las circunstancias y a la realidad de las tendencias de consumo”, señala Jorge Hernández Tinajero, especialista en política de drogas e integrante del colectivo Por una Política Integral Hacia las Drogas (Copihd). En 2011, esta agrupación realizó la Primera Encuesta de Drogas Ilegales en la Ciudad de México (EUDI).

De acuerdo con su análisis, un 39.6 % de los usuarios no había recibido información sobre drogas antes de consumirla por primera vez; un tercio experimentó su primer consumo en vía pública; 67.8 % señaló haber sido detenido por consumir drogas; una proporción parecida –66.7 %– afirmó haber sido extorsionada por la policía u otra autoridad, mientras que sólo 35.7 % conoce sus derechos como gente que usa drogas.

Para Hernández Tinajero las acciones gubernamentales se han focalizado, exclusivamente, en la prevención y, en teoría, en el tratamiento, pero se han centrado poco en la reducción de riesgos y daños. Esta información, como sugiere la ley, debería ser considerada en los contenidos informativos que se brinda a los jóvenes.

En México, los riesgos a los que se exponen los usuarios van más allá de abusar o depender de las drogas. Incluyen riesgos sociales, como estar expuestos al abuso de las autoridades o a ser señalados como “drogadictos” o “delincuentes” por consumir en la vía pública. “El mayor riesgo que corren las personas al fumar marihuana en la vía pública es ser detectadas por las autoridades”, señala Jorge Hernández.

En mayo de 2009, se despenalizó el consumo personal de mariguana, pero con prisión a quien posea algún narcótico en cantidad superior a la permitida. Al respecto, Hernández Tinajero comenta que la posesión está regulada de manera ambigua, “de modo tal que un joven que es sorprendido fumando marihuana en la calle puede ser consignado a las autoridades para ser sujeto a proceso penal”.

Hoy no se conoce el número de personas detenidas arbitrariamente por usar marihuana en la vía pública, pero por datos de la Encuesta Realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social, elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en 2012, se sabe que 60.2 % de los internos está en prisión por delitos contra la salud; 38.5 % sentenciado por posesión de drogas, y 58.7 % por posesión de marihuana. Esto refleja “una violación a los derechos humanos que la política de drogas en México está mermando o afectando”, considera Aram Barra, director de Espolea, sociedad civil que impulsa la regulación de la cannabis.

Consecuencias sociales

El índice del uso y consumo de drogas legales e ilegales ha aumentado en el mundo, informa la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), en su Informe Mundial sobre Drogas 2015.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) es una sociedad civil que promueve la defensa de la integración familiar y el combate contra las adicciones. Consuelo Mendoza García, su presidenta, asegura que la deserción escolar y el desempleo, sumados a problemas de desintegración familiar, favorecen el acercamiento de los jóvenes a las drogas.

Por lo mismo, piensa que es necesario “contar con una estrategia clara y efectiva que ayude a bajar los índices de consumo de cualquier droga”, porque estas condiciones “no favorecen un ambiente en el que niños, adolescentes y jóvenes puedan desarrollarse integralmente”. La UNPF solicita que las autoridades creen una estrategia clara de prevención de adicciones que garantice un mejor futuro a niños, adolescentes y jóvenes.

Por otro lado, una de las “consecuencias imprevistas” que genera el sistema internacional de control de drogas es el estigma que se crea en torno al uso y consumo de drogas ilícitas. Así lo reconoció en 2008 la UNODC, en su informe sobre el perfeccionamiento de la fiscalización de drogas.

Una opinión similar tiene la organización internacional Count the Costs of the War on Drugs, que en su Informe mundial alternativo sobre drogas de 2012 menciona que uno de los costos de la guerra contra las drogas es ubicar al usuario en la categoría de criminal. Esto fomenta la discriminación social, que se reduzcan sus posibilidades de empleo y se limite su inclusión en servicios sociales y de atención de salud.

¿Qué con los derechos?

El tema de la regulación del consumo de cannabis ha causado controversia. Diversas voces sugieren que para proteger la salud de las personas es necesaria la prohibición. No obstante, desde una perspectiva de derechos humanos, diversos especialistas consideran que una política que prohíbe o limita el uso de drogas obstaculiza una serie de prerrogativas, incluida la de la salud.

¿Qué derechos, se argumenta, podría estar afectando la política de drogas? El director de Espolea, Aram Barra, señala que en el caso de la cannabis, al prohibir su producción, posesión y consumo para uso medicinal, se “está, de alguna manera, impidiendo el derecho a la salud”. También se podría estar obstaculizando el derecho al libre desarrollo de la personalidad: “el Estado no puede prohibir que una persona adulta, en sus plenas facultades y con suficiente información, pueda decidir utilizar una sustancia, incluso si no es con fines medicinales, sino para su consumo personal”, considera Barra, quien es secretario del Comité de Sociedad Civil sobre Drogas en Nueva York. También piensa que se podría limitar el derecho de las personas a decidir sobre su cuerpo.

En contraste, para Eduardo Hernández, de la Clínica del Tabaco, hay un problema al superponer el derecho de libre desarrollo de la personalidad por encima de la salud, porque las sustancias tóxicas de la cannabis “secuestran las funciones bioquímicas del cerebro, hacen que cambie su forma de operar y modifica las prioridades de supervivencia”. En este sentido, asegura, cuidar la salud viene antes que cualquier derecho, “porque si la persona no tiene salud y no tiene vida, todo lo demás deja de ser importante”.

También cree que es un error hablar de “marihuana medicinal” debido a que no están comprobadas clínicamente las propiedades terapéuticas de los cannabinoides, aunque “es posible que pudiera tenerlas”, dice. Lo ideal, piensa, es que no se usen estas sustancias. Cree que en el debate buscarán que la edad de consumo sea superior a 21 años. “No es una lógica prohibitiva, sino una lógica regulatoria en función de que el individuo desarrolle sus competencias y, cuando tenga la capacidad de tomar una decisión informada, ahora sí que decida si quiere o no experimentar con tetrahidrocannabinol”.

Para Consuelo Mendoza, de la UNPF, hay una manipulación al hablar del derecho al libre desarrollo de la personalidad porque hay derechos que se violan diariamente y no se les da la importancia; “en el caso de los jóvenes, antes que ese derecho tienen derecho a la salud, a la educación y a vivir con toda tranquilidad”. Aunque esta organización se ha manifestado contra la legalización, podría estar de acuerdo con el uso de determinadas sustancias para fines medicinales, siempre y cuando se considere “que es una forma de ayudar a la gente enferma”.

¿Hasta dónde debe intervenir el Estado en la decisión de cada quien para usar cannabis? Vicente Fernández, del Tecnológico de Monterrey, lo tiene claro: “Debe cumplir con su obligación de informar sobre las consecuencias negativas de ciertas sustancias, como sucede con el alcohol y el tabaco. Cada persona debe decidir si las consume o no de manera informada”

Cannabis al laboratorio

El caso de Grace Elizalde fue noticia en los diarios en 2015. A sus ocho años, es la primera persona en México con permiso para importar cannabidiol. Es un aceite derivado de la Cannabis sativa sin efectos psicoactivos que aminora las convulsiones que le provoca el síndrome de Lennox-Gastaut que padece y que se manifiesta con crisis epilépticas.

Ella es una especie de símbolo de la lucha de quienes defienden las propiedades terapéuticas de los cannabinoides, compuestos químicos de esta planta, y piden apoyo institucional para documentarlas científicamente. Manuel Guzmán, presidente de la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides, dice que es difícil hacer estudios porque la cannabis es ilegal en muchos países.

No obstante, se conocen entre 85 y 100 cannabinoides. Para el doctor Luis Espinosa Sierra, director del Centro de Medicina Basada en Evidencia, de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, la cannabis no tendría aplicaciones médicas si no fuera por estas sustancias. Las principales son el cannabidiol y el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), “que se han estudiado de manera sistemática como un tratamiento médico”.

Al cannabidiol que recibe Grace le han detectado propiedades antiepilépticas, analgésicas, antiinflamatorias e inmunomoduladoras. “Regula algunas de las respuestas inmunológicas”, informa el doctor Carlos G. Aguirre, profesor de la cátedra de Neuropediatría en el Tecnológico de Monterrey, quien ha estado cerca de la familia Elizalde para administrarle el aceite a la pequeña. Como no tiene efectos psicotrópicos y sí ansiolíticos, se usa en trastornos de ansiedad y sueño.

Por el contrario, la cannabis podría ser negativa para el sistema nervioso central en menores de 18 años, cuando se producen “los ajustes finales del crecimiento de distintos sectores del sistema nervioso”, explica el doctor Luis Yarzábal, líder del comité científico que sustentó la legalización de la marihuana en Uruguay.

Con la finalidad de precisar sus efectos en infantes con epilepsia, Aguirre Velázquez comparte que un grupo de médicos prepara un protocolo de investigación bajo el amparo del Tecnológico de Monterrey. “Es el primer estudio que se hace en niños, a doble ciego con placebo”.

Los influjos de los cannabinoides

En Sumeria, hace miles de años esta planta se usaba para tratar la epilepsia, y en la época victoriana, también. Según la International Association for Cannabinoid Medicines, los derivados de la cannabis tienen cualidades analgésicas. Entre otras, para el dolor neurológico de la esclerosis múltiple y la artritis reumatoide.

Manuel Guzmán explica que el efecto antitumoral no está comprobado en humanos, aunque ya lo han demostrado en roedores. También informa que en Reino Unido ya se realizan estudios para comprobar la eficacia de los cannabinoides en tumores cerebrales. Sin embargo, se queja porque “los estudios en humanos son muy complicados con el cannabis y por eso van desesperadamente despacio”.

¿La marihuana doméstica tiene el mismo beneficio para la salud que los cannabinoides procesados en laboratorio? El doctor Aguirre dice que aunque se pueden hacer preparaciones artesanales, no se puede medir cuánto cannabidiol tiene la producción, “porque eso requiere un estudio químico complicado”. Otro riesgo es de contaminación por químicos, bacterias u hongos. También está demostrado que la marihuana fumada “produce un daño cognitivo”, o sea, un efecto nocivo en áreas cerebrales que tienen que ver con memoria, asegura el doctor Espinosa Sierra. “El equivalente más conocido es un cuadro demencial, o una demencia”.

Con poco atractivo comercial

La industria farmacéutica no tiene interés en gastarse millones de dólares en un estudio para aprobar el uso del cannabidiol, piensa el neurólogo Luis Espinosa Sierra. “¿Por qué?”, se pregunta. “Porque no pueden hacer uso de la patente, para desgracia de epilépticos y esquizofrénicos” y, como los cannabinoides son sustancias naturales, no se pueden patentar. “Estás sujeto a restricciones muy estrictas a nivel internacional para su exportación, importación, su uso en general, y eso hace más difícil atraer la atención de inversores”, afirma, por su parte, el doctor Guzmán.

Hoy, los papás de Grace y un abogado fundaron la asociación Por Grace. “Luchamos por la legalización de la marihuana medicinal”, dice Raúl Elizalde. Con respecto al debate actual, se muestra molesto. Pide que se diferencie la cuestión medicinal de la recreativa. “Lo único que están viendo en este seudodebate son las cuestiones recreativas”. Cree que si realmente se debatieran las virtudes médicas de esta hierba tendrían que legalizarla, pero eso no ocurrirá. “Vaya –protesta–, el mismo presidente de la República lo dijo: él no quiere. Está en contra”.

Por lo pronto, comienzan a multiplicarse las autorizaciones para que más personas puedan recibir cannabinoides. En febrero de 2016, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó dos solicitudes de importación de RSHO-X Real Scientific Hemp Oil para las pequeñas Ana Paula y Aline. Mientras, el debate por la legalización de la marihuana sigue adelante.

Fiebre de humo y dinero

Por más de 20 años, Jeremy Moberg vivió atemorizado por el sonido de helicópteros que volaban cerca de su casa. “Era un temor a ser arrestado y no ver a mi hijo por una condena de posesión, por fumar o sembrar marihuana”, dice a TecReview, en una de las pocas entrevistas que ha dado a medios de América Latina.

Su situación cambió cuando se aprobó la iniciativa I-502, en 2012, en Washing-ton, y este estado se convirtió, junto con Colorado, en uno de los dos primeros de la Unión Americana en legalizar el uso y venta de la cannabis con fines recreativos. Hoy, el uso no medicinal de la droga también está permitido en Oregon y Alaska.

A sus 40 años, este biólogo explica que, gracias a la nueva ley, dejó su sembradío ilegal de marihuana en el sótano de su casa en Spokane, Washington, para fundar y operar un terreno de más de 278 metros cuadrados que ofrece empleo a entre 18 y 35 empleados –dependiendo de la temporada– y es la granja de siembra al aire libre de marihuana más grande del estado. Se le conoce como CannaSol Farms.

La granja estima que en los próximos años podría producir, en una cosecha, hasta una tonelada de marihuana y convertirse en una empresa capaz de facturar más de cinco millones de dólares al año. Pero Moberg asegura que los impuestos estatales y la demanda por las licencias de producción hacen de la llamada “fiebre verde” un negocio “en el que difícilmente habrá muchos millonarios”.

La granja CannaSol es parte de una naciente y controversial industria legal. Tan sólo en Washington, en menos de tres años el estado ha entregado más de 170 licencias para el cultivo y más de 160 para la venta minorista. En Colorado se estima que la cannabis ha generado más de 16,000 empleos directos e indirectos, al reducir la cifra de desempleo al índice más bajo en seis años, según un reporte de la Organización de Políticas para las Drogas.

La marihuana también se ha convertido en una fuente de impuestos mayor a la del tabaco y el alcohol. El Departamento de Ingresos de Washington estima recaudar 154.6 millones de dólares de impuestos de cannabis en 2016 y espera que la cifra rebase los 1,000 millones de dólares a finales de 2019. En Colorado, por ejemplo, el gobierno recauda 2.9 % de impuesto estándar sobre la venta, un impuesto de 10 % exclusivo por la venta de marihuana y un 15 % de impuesto indirecto por la transacción. Este último se usa para la construcción de escuelas en el estado.

No todas las estadísticas en torno de la legislación de la marihuana son positivas. En Colorado, los accidentes viales fatales relacionados con manejar bajo la influencia de la marihuana aumentaron 94 % entre 2010 y 2014, según el reporte The Legalization of Marijuana in Colorado: The Impact, elaborado por la Oficina de Control de Droga de Rocky Mountain (HIDTA, en inglés). De acuerdo con este análisis, además de accidentes, el consumo de cannabis entre jóvenes de 12 a 17 y entre 18 y 25 años en 2014 en el estado fue 56 % y 54 % más alto que el promedio nacional.

En contraste, para ambos estados, se han reducido los arrestos, condenas y la mayoría de los incidentes criminales relacionados con marihuana. En Washington, por ejemplo, las actividades criminales relacionadas a la cannabis pasaron de 5,133 a 2,091 entre 2012 y 2013.

“La prohibición fue responsable de gran parte la violencia que vivimos hoy, pero regularizar la marihuana no cambiará el estado actual de los cárteles de la droga”, piensa Jeremy Moberg y asegura que los gobiernos deben trabajar para estandarizar impuestos, mejorar y controlar las licencias de producción o de lo contrario el “mercado negro le seguirá ganando al mercado legal”.

La misma ONU advierte que aún es pronto para saber si el incremento en el uso de marihuana está relacionado con su legalización para uso recreativo; sin embargo, adelanta que datos de la Encuesta Nacional de Uso de Drogas de Estados Unidos señalan que el consumo en Colorado “está creciendo y de manera acelerada”.

Holanda y la falsa ley

En Países Bajos, la tolerancia al consumo de cannabis existe desde hace 40 años. Pero, contrario a lo que se cree, la producción, distribución, venta y portación de cannabis es ilegal. Quien tenga más de 30 gramos puede ser castigado con un mes de prisión y una multa de 3,350 euros.

“Muchas personas piensan que la marihuana es legal en Holanda. No es legal, sino que es cero prioridad y eso significa que ellos [el Estado] tendrían que resolver todos los otros delitos que suceden, antes de empezar a perseguir a usuarios de cannabis”, explica Zara Snapp, oficial de Políticas de la Comisión Global de Política de Drogas, integrada por líderes de todo el mundo, entre ellos el ex presidente de México, Ernesto Zedillo.

En esta nación se implementó esta política en 1976 y se distinguieron las drogas blandas –como la marihuana– de las duras –como la heroína–. Se centraron en luchar contra las duras, mientras que para las blandas hubo más flexibilidad: se autorizó la existencia de locales comerciales o coffee shops para fumar marihuana.

“No llamaría al modelo de Holanda necesariamente una regulación legal, porque lo que hacen es tolerancia”, afirma el oficial del programa de drogas de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), Aram Barra. Las coffee shops no pueden promocionar marihuana ni permitir la entrada y venta a menores de edad ni comercializar alcohol u otras drogas. Sólo ofrecen hasta cinco gramos por consumidor al día.

De acuerdo con el informe Cannabis policy in the Netherlands: moving forwards not backwards de la organización británica Transform, estos comercios generan un estimado de más de 400 millones de dólares en impuestos al año, “dinero que de otra forma habría llegado a los criminales”, señala el documento.

Pese a sus buenos resultados, para Barra ese modelo tiene una falla. Lo llaman el problema de la puerta de atrás: es ilegal abastecer las coffee shops. Porque la producción es ilegal. “Si tú pones una coffee shop, por delante vendes muy bien, pagas impuestos, cumples con la norma, pero por detrás es ilegal abastecerse”.

Holanda fue de los pocos países firmantes que no estuvo muy de acuerdo con la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, la cual pronosticaba la erradicación de la marihuana. Pero una reforma en los Países Bajos no se ve fácil. Por un lado, señala Zara Snapp, hay que recordar que forman parte de la Unión Europea y, aunque son considerados los más liberales, “no se sentirían cómodos en seguir más adelante sin que hubiera tal vez una discusión regional”. Por el otro, apunta Barra, Holanda y varios países europeos están viviendo un regreso hacia la derecha.

Las razones de Uruguay

El debate fue acalorado en Uruguay. Inició a las 10:30 y terminó a las 22:38 horas. A esa hora del 10 de diciembre de 2013, esta nación anunciaba al mundo la despenalización del consumo de cannabis. Habían hecho estudios, sabían de sus posibilidades terapéuticas y de los riesgos asociados con el consumo de esta hierba.

Tenían presente que el tetrahidrocannabidiol, según el National Institute for Drug Abuse de Estados Unidos, tiene efectos adversos en el cerebro, como problemas de coordinación e incluso aumento en el riesgo de padecer ansiedad, depresión y esquizofrenia, además de que el humo tiene entre 50 a 70 % más hidrocarburos cancerígenos que el tabaco. Aun así, la decisión fue la aprobación a su consumo. ¿Por qué lo hicieron?

El doctor Luis Yarzábal, presidente del comité científico asesor del gobierno uruguayo, explica que, desde el punto de vista de la salud, permitiría enfocar el problema desde una perspectiva de derechos humanos “y no con un enfoque represivo, estigmatizador”. Además, un mercado legítimo les permitiría reducir los riesgos de los usuarios por consumir un producto impuro, contaminado, con sustancias que suman el daño a la salud.

Hoy, en ese país, el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA) es el que proporciona la semilla a los consumidores, con lo que aseguran el tipo de hierba que se consumirá. Además, como medida de control, los ciudadanos pueden sembrar y cosechar sus propias plantas, pero sólo si están inscritos en algún club regulado por el Estado uruguayo. Además, a través de las farmacias se puede conseguir marihuana con un bajo costo.

“Cuando menos, ahora la gente está abierta a la discusión”, dice Mercedes Ponce de León, integrante del colectivo Uruguay Siembra y organizadora de la Expocannabis Uruguay. Una de la labores de esta agrupación es brindar información confiable a la ciudadanía sobre el uso de la planta.

Por el lado económico, comenta Yarzábal, la legalización permite “una reorientación de los recursos abundantísimos que el Estado dirige de su presupuesto para la represión y el mantenimiento de la población carcelaria”, lo que abre la posibilidad de “utilizar esos recursos en una política de salud pública y en una política de reducción de daño que se producía en esa población”.

No obstante, para el portal insightcrime.org el futuro de esta regulación es oscuro, ya que “las encuestas sugieren que la mayoría –61 %– de la población sigue en contra del proyecto, y los políticos de la oposición se han comprometido a derogarla”.

Martín Collazo, de Proderechos en Uruguay, dice que este modelo “está teniendo algunas dificultades de implementación”, pero genera aprendizajes interesantes. Algunos países en Europa y América Latina ya lo miran con buenos ojos, “pero se sienten medio impotentes para hacer algunas reformas de este tipo”. Al final, el sueño de la legalización parece imparable y podría extenderse en el planeta.

“Una Puerta falsa, pensar que legalizar traerá seguridad”

Para el decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey este debate conlleva el riesgo de perder énfasis en la necesidad de que el Estado brinde mayor seguridad.

Alejandro Poiré cree en la necesidad del debate sobre la marihuana, antes de mostrarse a favor o en contra de una posible legalización. Como decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, rechaza que la legislación actual sea suficiente, pero destaca que en la actualidad las leyes mexicanas no penalizan la portación ni el consumo de muchas sustancias en cantidades bajas, como la marihuana.

Quien encabezara la Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno del ex presidente Felipe Calderón se muestra preocupado por el enfoque que en la actualidad se le da al debate de la marihuana, pues es tajante al señalar que su posible legalización no tendrá ningún efecto en favor de la lucha contra el crimen y sí tendrá consecuencias negativas.

“Lo que va a generar menos violencia en nuestro país, que sí está en nuestras manos, es que nuestros jueces no sean corruptos; que si un gobernante viola la ley, pague por ello; que los policías, ministerios públicos e investigadores puedan tener una carrera digna”, dice. “El problema de seguridad y justicia está en que nuestros jueces, policías, ministerios públicos y gobernantes no tienen las capacidades o las utilizan de manera corrupta”.

En cuanto al uso medicinal, puntualiza en la necesidad de tener más y mejores estudios sobre sus beneficios, aunque prevé que pueda convertirse en una realidad. Advierte que algunos de estos avances sólo han favorecido al consumo recreativo.

—¿Legalizar o no en México?

El punto importante es para qué legalizar. Ésa es la pregunta por la que tendríamos que empezar. Hay argumentos importantes desde el punto de vista del ejercicio de libertades. La pregunta no es tan sencilla. Una parte importante de ese debate hoy está completamente desenfocada.

—¿Por qué?

El problema de México es que estamos en un país que tiene un Estado absolutamen-te depredado. Un país con una extraordinaria poca voluntad de construir un imperio de la le-galidad, y creemos que la forma de salir de ese debate es legalizando las drogas.

—¿México necesita una nueva regulación para la marihuana?

Hay que dar el debate. No es irrelevante. La oportunidad que abre es que tengamos mejor conciencia de las implicaciones de salud a nivel individual, de salud pública, del consumo de estupefacientes, de drogas en general y en particular de la marihuana.

—¿Cómo ve el debate que se está dando?

No está completo, ni en el ámbito de la salud, donde supuestamente hay consensos, los cuales no están dados ni siquiera desde el punto de vista científico. El gran riesgo es que exista una moda, una aspiración libertaria, que creo tiene aspectos muy válidos y muy legítimos, pero que al mismo tiempo oculta la tarea que tenemos que hacer en seguridad y de justicia.

—¿En Estados Unidos hay un buen ejemplo o modelo a seguir?

La discusión es diferente. La discusión relevante en México tendría que estar en el aspecto estrictamente de la salud, centrada en que si nosotros vamos a generar un mercado de uso de cannabis para soluciones médicas, lo tenemos que hacer como con cualquier otra sustancia. No vamos a permitir el uso de una sustancia sencillamente porque hay otros lugares en el mundo donde se está utilizando.

—¿Estamos preparados para tener una regulación medicinal de la marihuana?

Estamos avanzando justamente en ese camino. Sin embargo, la fase de regulación medicinal de la marihuana en algunos estados de Estados Unidos, lo que hoy implica es que te duele la cabeza, sacas una receta y te vas a fumar marihuana, fundamentalmente con efectos recreativos. Quizás no está avanzando tanto como quisiéramos la investigación médica específica de los usos más eficaces de esa molécula en lo particular.

—¿Ahí el riesgo?

No es un riesgo. No quiero que parezca que estoy diciendo que es un riesgo el consumo de la marihuana per se. Quiero decir que es diferente, que por la vía del uso medicinal, pretendidamente medicinal, se ha avanzado en la agenda recreativa. No es lo mismo.

—¿México, como país productor, podría generar ventajas económicas?

Cada vez menos, en la medida en que Estados Unidos produce más. Pero una cosa es que California permita el consumo medicinal o Colorado el recreativo y otra cosa que esté permitida la exportación de marihuana de México a Estados Unidos. Eso no está aprobado.

—¿Beneficiaría a la lucha contra el crimen la legalización de la marihuana?

Es la puerta falsa, más sencilla y más peligrosa de nuestro país, el pensar que legalizar es la respuesta a los problemas de seguridad. El mercado relevante para estos efectos es y seguirá siendo fundamentalmente el de Estados Unidos.

—¿Hay que separar la lucha contra el crimen y la legalización de la marihuana?

No, el asunto es exactamente al revés. Hay que reconocer que ambas están absolutamente vinculadas, pero que existe una parte de esa ecuación sobre la cual nosotros no tenemos control.

—¿Afectaría?

Sí, se corre el riesgo de que sea peor el efecto. Tendríamos cantidades de produc-ción y distribución que son legales y muy probablemente serían aprovechadas por aquellos que van a querer ganar no la ga-nancia chiquita, pequeñita, del negocio legal en México, sino la ganancia grandota, extraordinaria, del negocio ilegal de Esta-dos Unidos, porque el mercado donde se determina el precio es, precisamente, el mercado estadounidense.

  • marypazleg

    a todo esto donde quedan los derechos del no fumador apastados que pasa si yo no quiero inahalar el humo de sus porros,que pasa si hay niños ,donde quedan sus derechos