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Washington, Estados Unidos (AFP) ¿Las nuevas formas de encriptación han dado a los delincuentes una forma segura de operar clandestinamente? O, por el contrario, ¿la tecnología moderna facilita a las autoridades mecanismos poderosos de vigilancia sin precedentes?

Durante semanas, la Oficina Federal de Investigación estadounidense (FBI) y la empresa tecnológica Apple se enfrentaron sobre este tema sin dejar a un ganador claro. El debate sigue abierto.

Hay quienes se preocupan porque las nuevas formas de encriptación puedan crear rincones oscuros que beneficien a los criminales y a las conspiraciones secretas. Otros sostienen que estamos en una edad de oro para el espionaje gubernamental a los ciudadanos. En ambos bandos, hay posiciones apasionadas.

El gobierno de Estados Unidos abandonó la batalla legal para obligar a Apple a desbloquear un iPhone usado por uno de los autores de la matanza de diciembre en San Bernardino, California, anunciando que encontró cómo hacerlo sin ayuda del gigante informático.

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Pero sólo es cuestión de tiempo antes de que surja otra situación similar que ponga a prueba la frontera entre aplicar la ley y la protección de datos privados.

“Esto ha creado uno de los mayores dilemas políticos de la era digital. La encriptación mejora la seguridad de los consumidores y la empresas pero, también, hace más difícil a los gobiernos protegerlos de nuevas amenazas”, señala un informe de la Fundación para las Tecnologías de la Información y la Innovación (ITIF), con sede en Washington.

“No hay manera de cuadrar este círculo, cualquier decisión tendrá ventajas y desventajas”, agrega.

¿Hacia la oscuridad?

Durante años, el debate sobre encriptación llevó al FBI y a otras fuerzas de seguridad a advertir que nos encaminamos “hacia la oscuridad”, pues las nuevas tecnologías hacen inservibles herramientas como las escuchas telefónicas y aumentan las posibilidades de los delincuentes.

Estas declaraciones, reveladas por el excontratista de los servicios de inteligencia Edward Snowden, avivaron el temor al uso indiscriminado de las posibilidades de vigilancia electrónica de que dispone el gobierno y que podrían caer fuera de control.

Las decisiones de Apple y Google de intensificar el cifrado para que incluso sea imposible a las mismas empresas desbloquear datos, han contribuido a acelerar el debate.

A esto se suman las revelaciones de que los autores de los ataques de París, Francia, en noviembre pudieron haber utilizado comunicaciones encriptadas para evitar ser detectados.

Recientemente, WhatsApp informó que implementó la encriptación “punta a punta”, que sólo permite ver un contenido a quien lo creó y a quienes está dirigido. “Nadie puede ver el contenido de estos mensajes. Ni los ciberdelincuentes, ni los hackers, ni los regímenes opresivos. Ni siquiera nosotros”, afirmó el servicio de mensajería propiedad de Facebook que cuenta con unos mil millones de usuarios.

Esta decisión ha generado fuertes críticas, como la del senador Tom Cotton, quien la califica como “una invitación abierta a terroristas, narcotraficantes y depredadores sexuales a usar WhatsApp para poner en peligro al pueblo estadounidense”.

¿Privacidad absoluta?

David Bitkower, de la división criminal del Departamento de Justicia, advirtió sobre la tendencia “a subestimar el riesgo para la seguridad pública de implementar formas de encriptación a prueba de órdenes” judiciales, un término usado por el FBI para describir a mecanismos de cifrado tan fuertes que ni siquiera se logra acceder a los datos, aún con autorización de un tribunal.

Al hablar en un foro de la ITIF, Bitkower argumentó que no está claro que una encriptación extrema haga que la gente esté más segura y, por el contrario, “puede ser contraproducente”.

El director del FBI, James Comey, también observó peligro. “Me encanta una encriptación poderosa. De muchas maneras nos protege de acciones de gente malvada”, dijo ante estudiantes en Ohio.

“A muchos nos gusta la idea de un espacio de almacenamiento en nuestras vidas al que nadie pueda tener acceso pero eso nos lleva a un punto – la privacidad absoluta – en el que nunca antes estuvimos. (…) Tenemos que entender que ese nuevo mundo tiene un costo”.

El Congreso estadounidense trabaja en una ley que podría obligar a las compañías tecnológicas a facilitar el acceso a las autoridades.

Medidas similares se estudian en Gran Bretaña, Francia y otros países. “Ninguna entidad o individuo está por encima de la ley”, dijo la senadora demócrata Dianne Feinstein, coautora de la propuesta.

“Necesitamos una fuerte encriptación para proteger los datos personales pero, también, necesitamos saber cuando los terroristas están conspirando para asesinar estadounidenses”, dijo.

Entre tanto, una coalición de empresas tecnológicas y activistas que respaldan a Apple advierten que cualquier regla que autorice “acceso especial” a contenido encriptado crearía vulnerabilidades que podrían ser usadas por hackers o gobiernos autoritarios.

Un largo rastro digital

Críticos del FBI aseguran que afirmar que vamos “hacia la oscuridad” es falso, pues la era digital pone a disposición de las autoridades más datos que nunca y señalan que la policía falla porque no emplea de manera eficiente las nuevas herramientas con que cuenta.

“Vivimos en una edad de oro para la vigilancia, más que en cualquier otro momento de la historia”, señaló ante el Congreso Amit Yoran, presidente de la empresa de seguridad RSA. “En casi todo lo que hacemos, dejamos un rastro digital”, agregó, “el desafío es gestionar (esa información) de manera eficiente y aprovecharla plenamente”.

Chris Calabrese, del Centro para la Democracia y la Tecnología, argumenta que el teléfono inteligente es un dispositivo muy personal por el que tramitamos los asuntos más privados.

“No estamos diciendo que el gobierno nunca pueda tener acceso a nuestro teléfono (…), decimos que se necesitan muy buenos argumentos para quebrar esa privacidad”.

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